Formulemos primero una pregunta abierta a propósito de la situación social y económica del país, y del papel que cumplen las instituciones: ¿Sirven las cifras para armar sofismas o dan razones para hacer algo?
Para un país tan rico como Colombia, del que si se repartiera esa riqueza a cada uno de sus 50 millones de habitantes le correspondería 367,6 millones de pesos, es vergonzosa la cifra de 42.5% de la población en situación de pobreza, algo así como más de 21 millones de personas que subsisten con menos de 332 mil pesos y 7.4 millones de personas con 145 mil pesos. Si estas cifras no son suficientes, agréguese las de desempleo, la falta de oportunidades laborales para las jóvenes y la deserción escolar. Números, porcentajes, símbolos, puntos que indican mil o un millón, que tal vez no dejaron espacio en los informes estadísticos para comprender que se refieren a "personas" a las que no se trata dignamente. Hubo que esperar a que las vías de hecho pusieran en evidencia que son miles y millones las personas que padecen la pobreza, el hambre y la falta de oportunidades. Ni siquiera el confinamiento a que nos obligó la pandemia pudo detener el urgente clamor de sus necesidades.
Esta compleja situación debiera indignarnos a todos, en especial a quienes deciden las erróneas políticas económicas y sociales del país, a los codiciosos dueños de la producción, a la indiferencia de "la gente de bien" y a la ironía de los "bien pensantes" y, por supuesto, a nosotros los servidores públicos que tenemos por misión la formación profesional integral, el desarrollo de la clase trabajadora para su incorporación en el sector productivo con la que se espera contribuir a una sociedad más digna y justa. Y puesto que aludimos particularmente a la responsabilidad de nuestra institución, nos obliga esta pregunta: ¿por qué las orgullosas cifras de metas en formación, certificación y emprendimiento, no logran corregir el desempleo, la inequidad y la pobreza de que avisan las estadísticas y muestran las calles?
El problema lo podemos enunciar con esta frase a modo de epígrafe: "Nadie puede servir a dos señores". Y es que ante un enunciado tan claro, como lo expresa el artículo 2 de la ley 119 de 1994, no deberíamos confundir la misión con las metas, la frase con la cifra. Distíngase que el enunciado de la misión está escrito con tinta de ley, en tanto la exigencia de la meta es apenas el precepto de un dirigente. Si es evidente que no ha servido de mucho afanarse por aumentar las metas, que no llevan a nada, pues las cifras de certificaciones no se corresponden con la realidad de las vinculaciones laborales, ¿porque entonces no nos ocupamos mejor de servir a la calidad que expresa la ley, antes que a la cantidad que no es más que una cifra?
Es probable que como instructores consideremos que en efecto servimos a la misión de formar profesional e integralmente al trabajador, no en consideración de las cifras sino de la dignidad humana, educando en las cualidades que exige unas relaciones justas en lo económico y armoniosas en lo social. Sea esto cierto o no, el propósito de esta página será indagar, con amor y rigor, con preguntas que reclaman respuestas, en observación a los problemas de la educación, el trabajo y la vida que esperan se resuelvan, más temprano que tarde, para hacer más justa, equitativa y amable la vida en las calles, en la empresa y el hogar.